En las últimas semanas y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral municipal –también foral y regional- han irrumpido con fuerza algunas circunstancias que vuelven a poner en tela de juicio el ‘despiste’ generalizado de quienes son reacios a entender que vivimos en un mundo diferente, entre los que se encuentran ciertas normas legales y los ‘anormales’ –permítaseme el juego irónico de palabras- que se dan cita en las estructuras de los partidos políticos. En algún caso este ‘despiste’ afecta al ejercicio del periodismo y, cómo no, en alguno de ellos –-faltaba más!- al propio de los gabinetes y asesorías de comunicación que utilizan su influencia para asesorar y orientar a sus clientes como si se tratara de niños de párvulo.
Por un lado, ha ganado fuerza la tendencia creciente de organizar acciones de comunicación presenciales –ruedas de prensa- en las que los emisores de la información no permiten a los intermediarios de la misma –profesionales de los medios- el contraste de dicha información, o sea, no pueden hacer preguntas al ínclito que les ha convocado. Esta es una cuestión que está generando un amplio debate en los últimos años principalmente en el ámbito del periodismo político. Un debate promovido por los medios pero que en definitiva tendría fácil solución si los profesionales de los medios establecieran un criterio común poniendo sobre la mesa algún código deontológico asumido por todos. Recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa denominada #sinpreguntasnocobertura que la han firmado más de 7.000 personas, la han suscrito asociaciones y colegios de periodistas, si bien las empresas periodísticas –que producen información a cambio de rendimientos económicos- han hecho mutis por el foro.
Por otro lado, está la remisión ‘enlatada’ a las televisiones del contenido audiovisual de un evento concreto sin que los periodistas tengan la opción de interpretar estas imágenes y manifestaciones. La imagen que transmiten los partidos es, nuevamente, patética, y transmiten una desconfianza y un miedo ‘escénicos’ que no debe ser propio de quien se dice profesional de la política y se rodea de supuestos profesionales de la comunicación. Nuevamente, los medios muestran su enfado pero no toman medida alguna de forma unánime para atajar esta inercia de los entes que lo promueven.
También surge con fuerza el debate sobre la imposición legal de los bloques electorales en tiempo y forma en base a los resultados electorales de cuatro años atrás. En este caso, me consta que los colegas catalanes llevan ya unos años mostrando su malestar con acciones concretas de protesta. Muchos profesionales de medios catalanes hacen ‘huelga de firmas’ o redactan textos de protesta, se informa de que la duración de las informaciones no se ha hecho sobre criterios periodísticos; en la emisora Com Ràdio, por ej., se lee en todos los bloques electorales un comunicado elaborado por el comité de trabajadores, etc.
Y ni qué decir al respecto sobre la obsoleta Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio, del Régimen Electoral General (LOREG) de hace 25 años que, lógicamente no pudo prever la irrupción de Internet pero tampoco se lo ha ‘hecho mirar’ como imploraría el simpático de Obama. Díganme si no cuál es la lógica (art. 69.7) que impide en el contexto social ‘dospuntocerista’ actual la posibilidad de publicar sondeos de opinión en los cinco días anteriores a la cita electoral o que supuestamente –porque no lo contempla la Ley – se impida el uso de cualquier plataforma de comunicación el día ése que por fin nos dejan descansar los ilusionados candidatos, llamado ‘jornada de reflexión’. Es decir, ese día se van a tener que apagar los ordenadores de facto, nadie podrá escribir sus impresiones en Facebook ni en Twitter. Sinceramente, observo muchas resistencias al cambio, mucho miedo a perder el control de las cosas, mucha pereza a asumir que el tiempo que vivimos ya, desde hace algún tiempo, funciona en otras coordenadas.
